Nadie podría negar que el Informe sobre la Tortura y Prisión
Política no es un avance, aunque sea un avance tardío.
Sí es criticable en algunos aspectos, sobre todo en la manera
de darlo a conocer por el presidente Ricardo Lagos, que olvidó
hacer referencia a la justicia. Tampoco se dieron a conocer los nombres
de los torturadores, cuestión fundamental si se quiere entregar
la verdad completa. De las pensiones de reparación ni hablar,
el monto es una burla, sobre todo en un país donde el enriquecimiento
de los empresarios nacionales y extranjeros ha sido, y sigue siendo,
sobre la base del saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación
de los trabajadores.
En cuanto al informe mismo habría que decir algunas cosas
muy claras y precisas: Primero que nada que no es gratuito. Jamás
habría sido posible sin la presión y lucha permanente
–desde los años 70- de las Agrupaciones de Derechos Humanos,
la Vicaría de la Solidaridad, los abogados de Derechos Humanos,
Instituciones como la Sech, las Federaciones de Estudiantes, Sindicatos
y Agrupaciones Poblacionales. Pero sobre todo por la resistencia digna
de los partidos políticos de la Izquierda chilena, en especial
el Partido Comunista y el MIR, Partido Humanista, sectores de la Izquierda
Cristiana y MAPU, el Partido Comunista (AP) y el Partido Socialista.
A éstos habría que sumar amplios sectores de base de
la DC y la Iglesia Católica. Claro que la actitud de gran parte
de las planas mayores, de estas dos últimas, todavía
es un tema que debe ser aclarado.
Desde la instauración misma de la tiranía de Pinochet
la Izquierda organizada opuso resistencia y denunció los atroces
atropellos a los derechos humanos, de esto existen miles de testimonios
escritos, incluso fechados en septiembre de 1973. Por eso resulta
extraño ver la cara de asombro de algunos tipos en la televisión,
los mismos que apoyaron a los militares. Pero la verdad ha llegado
para instalarse de manera oficial, aunque generales como Rafael Villarroel
o almirantes como Jorge Martínez Busch pretendan distorsionar
los hechos y buscar contextos históricos que nada podrían
justificar, ni ahora ni nunca. ¿Qué contexto histórico
puede justificar entrenar un perro para violar mujeres? ¿Qué
contexto permite abrir el vientre a un joven y luego arrojarlo al
mar?. Son algunas preguntas que Gonzalo Vial, Lucía Santa Cruz,
Raúl Hasbún, Sergio Fernández, Sergio Onofre
Jarpa, Francisco Javier Cuadra y Mónica Madariaga, entre otros,
deberían responder ante la ley, o Jaime Guzmán si estuviera
vivo. ¿Qué dice ahora Sergio Diez, que negó la
existencia de los Detenidos Desaparecidos en las Naciones Unidas.
¿Con qué moral este señor sigue participando
en política?.
Otros grandes cómplices estuvieron en la prensa, especialmente
en El Mercurio y la televisión. Claudio Sánchez, María
Eugenia Oyarzún, Julio López Blanco, Hermógenes
Pérez de Arce y Agustín Edwards, conspiradores y mentirosos
profesionales, son parte de ese sector que ayudó a encubrir
los crímenes de los militares. ¿Serán llevados
ante la justicia alguna vez? Lo mismo que Álvaro Bardón,
Pablo Rodríguez, Ambrosio Rodríguez, Ricardo García,
Álvaro Vial, Ricardo Claro y Sergio de Castro, pinochetistas
incondicionales. Son muchos los civiles que deben dar la cara ante
el pueblo de Chile. Del Poder Judicial ni hablar, una frase que todavía
se puede leer en algunas murallas lo dice todo respecto al comportamiento
de éste durante la tiranía de Pinochet: "Corte
Suprema, Suprema Impunidad". Más aún luego de dar
a conocer su vergonzosa postura acerca del llamado Informe Valech.
El caso de El Mercurio es asqueroso, y más encima hoy el gobierno
lo sigue premiando con la propaganda estatal mientras que a los medios
alternativos que han luchado desde siempre por los derechos humanos
les niega recursos. De hecho, medios de prensa como Apsi, Cauce, Análisis,
Fortín Mapocho, Radio Umbral, que desde siempre dijeron lo
que hoy dicen los medios de comunicación como si fuera una
primicia, terminaron cerrando sus oficinas. El Siglo, Punto Final
y Radio Nuevo Mundo aún perseveran, a duras penas pero dignamente.
No le dará vergüenza a Sergio Bitar, por ejemplo, participar
en "Paz Ciudadana" y dar la mano a Agustín Edwards,
el mayor conspirador junto a la CIA para derrocar a Salvador Allende
y uno de los culpables de todo lo que se desencadenó después
del 11 de septiembre de 1973.
Respecto a la derecha, como siempre, intenta evadir sus responsabilidades
pretendiendo confundir a la opinión pública con discursos
como los de Jovino Novoa, Jorge Arancibia, Joaquín Lavín
o el de Andrés Allamand durante un seminario sobre Derechos
Humanos convocado por el ejército en la Escuela Militar. Todos
voladores de luces que no dicen nada de fondo y sólo buscan
tergiversar la historia. Aquí no somos todos culpables, eso
es absolutamente falso. Los culpables son quienes desestabilizaron
el gobierno de la Unidad Popular, cuando vieron que éste favorecería
a los trabajadores por sobre los intereses de los explotadores tanto
chilenos como extranjeros, usando para ello a las Fuerzas Armadas.
La derecha chilena y el gobierno de los Estados Unidos fueron los
culpables de que se gestara el golpe militar y, por lo tanto, cómplices
de los atropellos cometidos durante 17 años. También
es importante hacer notar que el argumento de que debido a la caótica
situación generada por la radicalización de la política
las FF.AA. rompieron su tradición histórica y actuaron
como lo hicieron en 1973, es otra falacia. Acaso no han estudiado
historia de Chile quienes afirman eso, comenzando por el presidente
Lagos. O son muy ignorantes, cándidos o unos hipócritas
consumados. Si hay algo que caracterice al ejército chileno
es la participación que ha tenido en las masacres de trabajadores
a lo largo de nuestra historia.
Ahora, ante la pregunta: ¿Sirven los gestos de reconocer que
se cometieron atropellos a los derechos humanos por parte de los ejecutores?
Pienso que no totalmente, lo que aquí sirve es que haya justicia
y punto. Los criminales deben ser juzgados y encarcelados. En mi caso
me da lo mismo si piden perdón o no, lo que deseo –como muchos
chilenos- es verlos tras las rejas. Tampoco me interesa reconciliarme
con los asesinos. La reconciliación ante hechos como los sucedidos
es una farsa. Tras el golpe, en mi barrio fueron apresados y ejecutados
tres amigos: Ernesto Mardones, Jorge Pacheco y Denrio Álvarez,
y recuerdo a unas señoras (las mismas que los apuntaron con
el dedo) que, al conocer la noticia decían: "algo habrán
hecho". Supongo que hoy ellas estarán entre los que ponen
cara de asombro al leer el Informe Valech.
Todos sabíamos. Cierto. Pero no todos somos culpables.
*Poeta. Colaborador de revista "Punto
Final" y conductor del programa "De puño y letra"
de radio Nuevo Mundo.
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