El 7 de octubre de 1973 fueron detenidos por Carabineros de Isla de Maipo los miembros de tres familias campesinas de Lonquén: Los Maureira, los Astudillo y los Hernández, y cuatro jóvenes lugareños. En total, 15 personas de entre 17 y 51 años. Llevados a la Comisaría fueron sacados en la noche y no se supo de ellos hasta el descubrimiento —en 1979— de restos humanos en los hornos de cal de Lonquén. La justicia, auxiliada por el Servicio Médico Legal, recién concluyó las labores de identificación de aquellos restos el 19 de febrero de 2010, 32 años después del hallazgo, en un trabajo que demoró cuatro años desde que fue pedido por el juez Alejandro Solís. Los responsables —entre ellos, el capitán Lautaro Castro— fueron amnistiados. Pero el horror y la crueldad no se detuvo allí: mientras el pueblo de Santiago esperaba el velatorio en la Iglesia, los restos fueron depositados en una fosa común del cementerio de Isla de Maipo. Ni siquiera el derecho a enterrar a los muertos —dado que se les había negado el derecho a la vida— pudo cumplirse.
